Cooperativismo y Desarrollo, septiembre-diciembre 2021; 9(3), 787-807
Formación ambiental en funcionarios de gobierno del Poder Popular: una aproximación teórica
Environmental training in government officials of the People's Power: a theoretical approximation
Formação ambiental para funcionários governamentais do Poder Popular: uma abordagem teórica
Luis Humberto Márquez Delgado1; Dora Lilia Márquez Delgado2; Niurka Castillo Rocubert3
1 Universidad de Pinar del
Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". Centro de Estudios de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pinar del Río, Cuba.
https://orcid.org/0000-0002-2390-768X
humberto@upr.edu.cu
2 Universidad de Pinar del
Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". Centro de Estudios de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pinar del Río, Cuba.
https://orcid.org/0000-0003-0060-0455
doraly@upr.edu.cu
3 Universidad de Pinar del
Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". Centro de Estudios de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pinar del Río, Cuba.
https://orcid.org/0000-0003-2508-8988
niurka.castillo@upr.edu.cu
Recibido: 3/06/2021
Aprobado: 18/10/2021
RESUMEN
En el marco de la actualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, el tema ambiental está presente dentro del "Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030", en el que se apuesta por mecanismos que desde la dirección de los gobiernos territoriales impacten positivamente en el medioambiente. Alineado a este reclamo, se reconoce la prioridad de formar ambientalmente a los funcionarios de gobierno del Poder Popular, a quienes les corresponde liderar este proceso en función del desarrollo local. En consecuencia, el objetivo del presente trabajo consistió en socializar los referentes teóricos asociados a la formación ambiental de los funcionarios de gobierno del Poder Popular. Se utilizaron métodos teóricos y empíricos para la revisión documental y la sistematización de conocimientos. Entre los principales resultados, se constató el papel clave de la dimensión ambiental como elemento transversal en la gestión del desarrollo local, destacando para su consecución la importancia de contribuir en el perfeccionamiento de este proceso formativo, atendiendo a la gestión ambiental, lo que permitió significar su preparación en la implementación de procesos de educación ambiental participativos en la comunidad que favorezcan la formulación y gestión de políticas públicas más sostenibles.
Palabras clave: desarrollo local; dimensión ambiental; formación ambiental; funcionarios de gobierno del Poder Popular; gestión ambiental
ABSTRACT
In the framework of the updating of the Cuban economic and social model of socialist development, the environmental issue is present in the "National Plan for Economic and Social Development until 2030", which is committed to mechanisms that from the direction of territorial governments have a positive impact on the environment. In line with this claim, the priority of environmentally training government officials of the People's Power, who are responsible for leading this process in terms of local development, is recognized. Consequently, the objective of this work was to socialize the theoretical references associated with the environmental training of government officials of the People's Power. Theoretical and empirical methods were used for the documentary revision and systematization of knowledge. Among the main results, the key role of the environmental dimension as a transversal element in the management of local development was confirmed, highlighting for its achievement the importance of contributing to the improvement of this formative process, attending to environmental management, which allowed meaning its preparation in the implementation of participative environmental education processes in the community that favor the formulation and management of more sustainable public policies.
Keywords: local development; environmental dimension; environmental training; government officials of the People's Power; environmental management
RESUMO
No âmbito da actualização do modelo económico e social de desenvolvimento socialista cubano, a questão ambiental está presente no "Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social até 2030", no qual existe um compromisso com mecanismos que terão um impacto positivo sobre o ambiente a nível dos governos territoriais. Em conformidade com esta afirmação, é reconhecida a prioridade da formação ambiental dos funcionários governamentais do Poder Popular, responsáveis por liderar este processo em termos de desenvolvimento local. Consequentemente, o objetivo deste estudo era socializar as referências teóricas associadas à formação ambiental dos funcionários governamentais do Poder Popular. Foram utilizados métodos teóricos e empíricos para rever documentos e sistematizar conhecimentos. Entre os principais resultados, foi confirmado o papel fundamental da dimensão ambiental como elemento transversal na gestão do desenvolvimento local, salientando a importância de contribuir para a melhoria deste processo de formação, centrando-se na gestão ambiental, o que permitiu a sua preparação na implementação de processos participativos de educação ambiental na comunidade que favorecem a formulação e gestão de políticas públicas mais sustentáveis.
Palavras-chave: desenvolvimento local; dimensão ambiental; formação ambiental; funcionários governamentais do Poder Popular; gestão ambiental
INTRODUCCIÓN
La problemática ambiental que se genera, a partir del irracional uso de los recursos naturales, evidencia problemas que, a su vez, afectan el ambiente social y económico en que se desenvuelve la vida humana, constituyendo una prioridad el accionar político que promueva acciones dirigidas a la prevención, mitigación o solución de los impactos adversos que se manifiestan en los diferentes contextos del ambiente (natural, social y económico), con la intención de lograr el desarrollo local.
Al respecto, Pérez y Oviedo (2019) sostienen que la problemática ambiental a la que se enfrenta el mundo debe ser asumida con un enfoque integral, con vista a la elaboración de políticas públicas coherentes y sincronizadas, reconociendo que la dimensión ambiental debe estar presente en todo el quehacer de la administración pública, de manera que se contribuya "a lograr una adecuada integración de la dimensión ambiental en todas las políticas públicas económicas y sociales de la nación" (Cabrera & Catasús, 2017, p. 415 citado en Pérez & Oviedo 2019).
Autores como Muñoz y Romero (2020) y Ortiz y Alejandre (2020) refieren que concebir el desarrollo local desde la dimensión ambiental constituye una prioridad, debido a "las urgencias ambientales que se presentan en el siglo XXI y que repercuten sus efectos en el territorio como expresión de las problemáticas ambientales locales" (Ortiz Bosch & Alejandre Jiménez, 2020, p. 1).
A tono con estos criterios en Cuba, la política y la gestión ambiental se materializan esencialmente en los territorios, correspondiendo a los Órganos Locales del Poder Popular su aplicación, así como el establecimiento de las adecuaciones y prioridades correspondientes a las características de cada territorio, en interrelación con las comunidades y en coordinación con las delegaciones territoriales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (Citma) y demás organismos de la dirección estatal a ese nivel.
Tal línea de pensamiento subraya la prioridad que representa la formación ambiental de los funcionarios de gobierno del Poder Popular, así como revela con claridad los principales retos a atender en el perfeccionamiento de dicho proceso formativo.
No obstante, a pesar de la significación que tiene la formación ambiental de estos profesionales, en la Estrategia Ambiental Nacional de Cuba (EAN), se señala entre las principales deficiencias en la evaluación del ciclo estratégico de educación ambiental 2010-2015: "Insuficiente incorporación de la dimensión ambiental en el sistema de capacitación de la mayoría de los Organismos de la Administración Central del Estado y en los diferentes niveles de Gobierno" (Citma, 2016, p. 22).
Por otra parte, el citado documento agrega que, a pesar de que la participación del gobierno se hace cada vez más evidente en la ejecución de los proyectos ambientales en los territorios, por lo general, la gestión de estos proyectos carece de voluntad política, manifestándose en la práctica una "Inadecuada concertación entre las estructuras de base en los territorios para el desarrollo de procesos de educación ambiental participativos en las comunidades" (Citma, 2016, p. 22).
De ello, se deriva que en la práctica se manifiesta una insuficiente incorporación de la dimensión ambiental en el sistema de capacitación de los funcionarios de gobierno del Poder Popular, no potenciándose su carácter transversal, lo que implica que la formación ambiental de estos profesionales se manifieste asistémica y descontextualizada, limitándose a la ejecución de acciones de contenido ambiental de forma aislada, espontánea y poco efectiva, no favoreciendo su preparación para la integración de las consideraciones ambientales en las políticas públicas.
Como respuesta a las limitaciones presentadas, se realizó el presente estudio con el objetivo de socializar referentes teóricos asociados a la formación ambiental de los funcionarios de gobierno del Poder Popular, de manera que los preparen para integrar la dimensión ambiental en la gestión del desarrollo local, con lo cual podrán brindar soluciones más efectivas a los problemas del ambiente y su preservación, a partir de facilitar la formación de los diferentes sectores sociales de la comunidad para asumir de manera participativa la gestión ambiental.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para obtener los resultados de esta investigación, se emplearon diferentes métodos del nivel teórico y empírico que parten de un enfoque dialéctico-materialista, lo que permitió determinar las principales contradicciones y relaciones entre los componentes del objeto de estudio, encauzando las pesquisas a la búsqueda de nuevas regularidades.
Entre los métodos del nivel teórico, la investigación aplicó el histórico-lógico, lo que posibilitó el análisis de los referentes teóricos asociados al proceso de formación ambiental del funcionario gubernamental del poder popular, permitiendo revelar su esencia, prioridades y manifestaciones; el método sistémico-estructural, unido al de modelación para abordar todas las categorías que caracterizan este proceso formativo y sus relaciones. Y, como métodos del nivel empírico, se empleó el análisis documental con la intención de constatar la prioridad del tema ambiental en la formación de estos sujetos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Argumentos a favor de la formación ambiental en los funcionarios de gobierno del Poder Popular en Cuba
La protección del medioambiente constituye en Cuba una prioridad del Gobierno desde el triunfo de la Revolución, lo cual se refleja en la Constitución de la República, ejecutándose a través de un trabajo integral de los instrumentos de la gestión ambiental identificados en la Ley 81 de Medioambiente, aprobada desde 1997, destacando como uno de estos instrumentos, en el Artículo 18, inciso h, a la Educación Ambiental.
Por otra parte, sobre el papel del Estado en la protección del medioambiente, en la Nueva Constitución de la República de Cuba, aprobada en el año 2019, en su Artículo 75, se plantea que:
El Estado protege el medioambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2019, p. 6).
Es a partir de esta función estadual y a través de los órganos de gobierno, que el Estado proyecta la política y la gestión ambiental (Citma, 2016).
En tal sentido, corresponde a los Órganos Locales del Poder Popular la aplicación de la política ambiental aprobada, así como el establecimiento de las adecuaciones y prioridades correspondientes a las características de cada territorio, a través de una adecuada gestión ambiental "mediante un enfoque multidisciplinario, teniendo en cuenta el acervo cultural, la experiencia nacional acumulada y la participación ciudadana" (Asamblea Nacional del Poder Popular, 1997, p. 7).
Desde este planteamiento que reconoce el papel clave de los Órganos Locales del Poder Popular en la aplicación de la política ambiental, se fundamenta la prioridad que tiene en Cuba la formación ambiental del funcionario gubernamental del Poder Popular, la cual debe garantizar su preparación para desarrollar una adecuada gestión ambiental; en tanto, " es el mecanismo estatal mediante el cual se logra la intervención del poder político público en el ámbito medioambiental y que procura la búsqueda de un desarrollo sostenible" (Soler del Sol, 2013, p. 15).
El documento rector de la política ambiental cubana es la Estrategia Ambiental Nacional, cuyo primer ciclo se aprobó en 1997, siendo sucesivamente revisada en el 2007, 2011, 2016. Este documento establece los principios en los que se basa el quehacer ambiental nacional, caracteriza los principales problemas ambientales del país y propone entre las vías e instrumentos para su prevención, mitigación o solución a la educación ambiental, significando su papel clave en el trabajo de las instancias gubernamentales a favor de formar capacidades en las personas y la sociedad, que contribuyan a la transformación de la realidad.
En ese sentido, en la EAN, para el período 2011-2015, se precisa de manera explícita la necesidad de consolidar los procesos de educación ambiental en las instancias gubernamentales, que contribuyan a la solución o mitigación de los problemas ambientales en la esfera de su competencia.
Por otra parte, la EAN 2016-2020 planteó como una de las líneas priorizadas para el período (2016-2020): "Fomento de la transversalidad de la educación ambiental en los proyectos gubernamentales y no gubernamentales encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de la población" (Citma, 2016, p. 37).
Culminado el período 2016-2020, el cual cierra con el impacto provocado por la pandemia de la Covid-19, se actualiza y/o adecua la EAN, reconociendo la necesidad de perfeccionar los procesos educativos con la intención de lograr una recuperación resiliente y sostenible.
Derivado de ello, se reconocen las potencialidades de desarrollar un proceso de formación ambiental de los funcionarios de gobierno del Poder Popular, que, sustentado en la gestión ambiental, fomente su preparación en la educación ambiental como instrumento necesario a favor de dinamizar la participación de los actores locales en la búsqueda e implementación de soluciones a los problemas ambientales identificados, favoreciendo la formulación e implementación de políticas públicas más sostenibles. Todo ello permitirá determinar los contenidos esenciales (sistema de conocimientos, habilidades y valores) que caracterizan a dicho proceso formativo.
En cuanto a los principales problemas ambientales manifiestos en Cuba, la EAN, en el período 2016-2020, relaciona los siguientes:
Cada uno de estos problemas ambientales puede comprometer las metas del desarrollo económico y social del país, si no son debidamente atendidos. De ahí que constituyen prioridades en el trabajo de los funcionarios de gobierno del Poder Popular a favor del desarrollo local.
En la actualidad, en el marco de la actualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, la dimensión ambiental está presente dentro del "Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030" (PCC, 2017), a través del eje estratégico: "Recursos naturales y medioambiente", en el que, concretamente, dos de sus objetivos específicos se consideran importantes referentes que fundamentan el proceso de formación ambiental de los funcionarios de gobierno del Poder Popular.
El objetivo tres plantea:
Diseñar e implementar un modelo de gestión local y comunitaria con un enfoque medioambiental, que integre bajo la autoridad de los gobiernos territoriales la protección y uso racional de los recursos naturales y la lucha contra la contaminación y las indisciplinas sociales que impacten negativamente en el medioambiente (PCC, 2017, p. 20).
Y el objetivo ocho: "Mejorar progresivamente la calidad ambiental en los asentamientos humanos, en estrecha consulta y coordinación con los habitantes de estos asentamientos" (PCC, 2017, p. 20).
En este contexto, converge también la propuesta de la Tarea Vida: Plan del Estado para el enfrentamiento al cambio climático que involucra a los gobiernos locales en la gestión de acciones orientadas con énfasis en la prevención, adaptación, así como en la reducción de los riesgos y las vulnerabilidades, fundamentalmente en las áreas priorizadas, haciendo evidente la necesidad de desarrollar iniciativas de carácter educativo en las comunidades.
De manera explícita, en la Tarea 10 de este Plan, se destaca el papel clave de la educación ambiental en el enfrentamiento al cambio climático, al expresar la necesidad de: "Priorizar las medidas y acciones para elevar la percepción del riesgo y aumentar el nivel de conocimiento y el grado de participación de toda la población en el enfrentamiento al cambio climático y una cultura que fomente el ahorro del agua".
En general, la problemática ambiental está presente en la principal agenda de desarrollo del país, lo que fundamenta la necesidad de perfeccionar la formación ambiental de los funcionarios de gobierno del Poder Popular, a quienes les corresponde la misión de liderar la gestión del desarrollo local, teniendo en cuenta la dimensión ambiental. Sobre la base de esta misión, se significa en el presente trabajo su preparación para desarrollar procesos de educación ambiental participativos en las comunidades, que favorezcan la participación ciudadana en la formulación y gestión de las políticas públicas en beneficio del mejoramiento de las condiciones ambientales en el ámbito local.
Referentes teóricos que fundamentan la formación ambiental del funcionario gubernamental del Poder Popular
A tono con lo expresado anteriormente, se asumen referentes teóricos que significan la dimensión ambiental en el desarrollo local y que contribuyen a fundamentar el proceso de formación ambiental del funcionario de gobierno del Poder Popular.
En este sentido, se considera pertinente partir del concepto de medioambiente que se asume.
Autores como Márquez et al. (2021) proponen una concepción amplia e integradora en el análisis del medioambiente que lo vincula estrechamente con el desarrollo, al expresar que es:
Un sistema complejo y dinámico, integrado por tres grandes subsistemas: naturaleza, sociedad y economía, que evoluciona a través del proceso histórico de la sociedad, reconociendo como elemento de significativa importancia en su estudio las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, así como el papel clave de la cultura en la configuración de dichas relaciones (p. 302).
En cuanto a las concepciones sobre el desarrollo, las investigadoras Muñoz y Romero (2020) sostienen que a partir de la Segunda Guerra Mundial comienza a entenderse como crecimiento económico, lo que condujo a una agudización de la problemática ambiental, generando una crisis ambiental a nivel global. Este paradigma de desarrollo, centrado en lo económico como principal indicador de "bienestar y de progreso", es cuestionado principalmente desde la década del 60 del siglo XX por sus altos costos sociales, económicos y ambientales, asociados a la manera desmedida e irracional de relacionarse la humanidad con la naturaleza.
Teorías defensoras del desarrollo asociado al crecimiento económico son fuertemente cuestionadas en la actualidad, reconociendo la inviabilidad de este modelo de desarrollo convencional que prioriza el crecimiento económico a toda costa, sin tener en cuenta la capacidad de los sistemas ambientales para asimilar las acciones económicas, provocando un serio deterioro de los sistemas naturales, a la vez que, desde el punto de vista social, ha acentuado problemáticas en los países subdesarrollados, tales como la pobreza, migración, inseguridad alimentaria y las deficientes condiciones higiénico-sanitarias, entre otras.
Una respuesta a esta concepción de desarrollo ha sido concebir un modelo de desarrollo alternativo llamado desarrollo sostenible o sustentable, cuyo concepto fue acuñado oficialmente en el informe de la Comisión de Medioambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (Comisión Brundtlant), en el documento titulado Nuestro Futuro Común, en el que se plantea que el desarrollo debe tener como finalidad la satisfacción de las necesidades de la generación actual, sin afectar la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias.
La noción de desarrollo sostenible expuesta en este Informe no siempre ha sido bien aceptada. Para muchos, un concepto ambiguo que se presta a múltiples interpretaciones y en el que se aprecia un evidente carácter antropocéntrico al manifestar su atención en la satisfacción de las necesidades humanas actuales y futuras (Márquez Delgado et al., 2021).
No obstante, según advierten Sosa, Riquelme y Diez (2020), el concepto de desarrollo ha evolucionado desde un enfoque cuantitativo a un concepto más cualitativo, resultando ser más complejo y multidimensional, al procurar " integrar y asociar las dimensiones económica y social con la dimensión ecológica", como respuesta a ( ) los crecientes problemas ambientales y de los límites impuestos por la naturaleza a la explotación y crecimiento económico descontrolado" (p. 314).
En la actualidad, son diversas las definiciones aportadas sobre desarrollo sostenible, apreciándose con la proclamación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la nueva Agenda 2030, la evolución que ha experimentado este concepto, el cual ya ha trascendido la mera noción de crecimiento económico, al conjugar las tres dimensiones básicas del desarrollo: natural, social y económica.
La sostenibilidad en su sentido más amplio incluye no solo la naturaleza, sino todo el entorno en el que se desarrolla la vida del hombre. En consecuencia, cada política económica o social que se planifique debe tener este enfoque, a fin de reducir los impactos ambientales negativos, a la vez que garantice un mejoramiento de la calidad de vida, basado en el principio de equidad.
Estos desafíos que plantea la sostenibilidad se enfrentan en toda su intensidad en el espacio local, al ser considerado el espacio físico en el que interactúan las dimensiones económicas, sociales y ambientales que componen la noción de desarrollo sostenible. Es así que, en los últimos tiempos, se revaloriza el espacio local, convirtiéndose en un espacio estratégico para la concertación de las políticas públicas, por encontrarse más próximo a la población.
De ello, se deriva el reconocimiento de la dimensión local del desarrollo como uno de los componentes principales del desarrollo sostenible, considerando que su implementación a escala comunitaria implica la participación de los actores sociales, lo que conduce a significar el papel de la comunidad en el proceso de desarrollo local (Muñoz Campos & Romero Sarduy, 2020).
En relación con el término comunidad, a partir del estudio presentado por el investigador Zúñiga (2020), pueden identificarse entre los elementos que la caracterizan, los siguientes: grupo social donde transcurren procesos de participación, que habita un espacio geográfico determinado, comparte referentes culturales, desarrolla un sentimiento de pertenencia y presenta problemas comunes. Desde esta concepción, se considera una comunidad, tanto un barrio, una institución, empresa u organización, pudiendo existir en un Consejo Popular diversas comunidades, que pueden ser escolares, institucionales, empresariales, barriales, entre otras, e incluso, se pueden identificar, dentro de cada una de ellas, una o varias comunidades.
Sobre desarrollo local, en la Política para Impulsar el Desarrollo Territorial, se define en los siguientes términos:
proceso esencialmente endógeno, participativo, innovador y de articulación de intereses entre actores, territorios y escalas (municipal, provincial y sectorial o nacional). Se sustenta en el liderazgo de los gobiernos municipales y provinciales para la gestión de sus estrategias de desarrollo, dirigidas desde la gestión del conocimiento, la innovación y el fomento de proyectos que generen transformaciones económico-productivas, socioculturales, ambientales e institucionales, con el objetivo de elevar la calidad de vida de la población (Guzón Camporredondo, 2020, p. 9).
Sobre desarrollo local existen diversas definiciones, no obstante, se advierte consenso en considerarlo como proceso que requiere de la participación de todos los actores locales claves (gobierno local, comunidad, instituciones, empresas, organizaciones políticas y sociales) en el diseño e implementación de alternativas para el mejoramiento de la realidad, teniendo en cuenta la interrelación de las dimensiones económica, social y ambiental, así como la necesidad de realizar acciones educativas para su dinamización.
En Cuba, el líder del proceso de desarrollo local, el Poder Popular, teniendo la responsabilidad de articular a los individuos y acciones alrededor del gobierno municipal, significando al Consejo Popular como espacio ideal para potenciar este proceso con la participación social, al ser considerado una forma intermedia de gobierno entre la instancia municipal y la población, que coordina e integra las acciones y estructuras comunitarias.
Por otra parte, teniendo en cuenta el papel clave de la comunidad con sus estructuras políticas, sociales y económicas en el desarrollo local, autores como Limia (2006) y Hernández et al. (2020), citados por Muñoz y Romero (2020), se refieren al término de desarrollo local y comunitario. No obstante, no hacen distinción en el estudio realizado entre desarrollo local y desarrollo local y comunitario, utilizando indistintamente los dos términos.
En relación con la dimensión ambiental, los estudios de Utria (1986), citado por Ortiz y Alejandre (2020), expresan que impregna a todas las demás dimensiones del desarrollo, a la vez que sobre ella se reflejan todas estas, de ahí que cada acción relativa a la economía y a la sociedad debe atender a la protección de los recursos naturales.
En tal sentido, se reconoce a la dimensión ambiental como elemento transversal en la gestión del desarrollo local, lo que permite "transitar de un modelo de crecimiento hacia un nuevo modelo de desarrollo, basado en el equilibrio de los factores económicos, sociales y ambientales" (Asín Semberoiz, 2006, p. 3). Todo lo cual garantiza la sostenibilidad de las políticas públicas.
Sin embargo, según apunta Asín (2006), uno de los problemas presentes en la mayoría de las administraciones es que en todas ellas se practica la baja o nula transversalidad ambiental, haciendo necesario profundizar en la integración de las consideraciones ambientales en todas las políticas públicas, en tanto "debe ser una política transversal que impregne la forma y el fondo de todas las políticas públicas para hacerlas más sostenibles" (p. 3).
Al profundizar en la dimensión ambiental, Hernández et al. (2020), citado por Muñoz y Romero (2020), expresan que:
Incluye el respeto, preservación y cuidado al patrimonio socionatural de los consejos populares que conforman el municipio cubano, devela las asimetrías en las relaciones seres humanos-naturaleza, genera participación de todos los actores implicados en el cuidado y la gestión del medioambiente y esto implica sensibilizar y concientizar a la comunidad con la problemática ambiental, formarla para la transformación de malas prácticas ambientales y para la implementación de acciones de adaptación al cambio climático (p. 93).
Desde este planteamiento, se fundamenta el carácter transversal de la dimensión ambiental en el desarrollo local, significando para su adecuada integración en las políticas públicas económicas y sociales las potencialidades de la educación ambiental como instrumento de la gestión ambiental que permite promover la participación de todos los actores locales claves (gobierno local, comunidades, instituciones, empresas, organizaciones políticas y sociales) en la búsqueda de soluciones más efectivas que minimicen el dilema entre naturaleza y desarrollo, propiciando el crecimiento económico posible y la satisfacción de las necesidades con mayor equidad sobre la base de reducir los impactos ambientales negativos.
La educación ambiental como una herramienta eficaz para transformar la realidad, asignándosele en opinión de González Escobar (2017, p. 8), " una tarea retadora: es educar para cambiar la sociedad, asumiendo la responsabilidad en la formulación y gestión de políticas públicas para el desarrollo, pero con un sentido real de participación democrática".
Esta línea de pensamiento se aprecia a través de los diferentes eventos internacionales que se han desarrollado en la temática, sobre todo a partir del Seminario Internacional de Educación Ambiental realizado en Belgrado en 1975, en los que se ha venido instando a que la educación ambiental se inserte en las políticas gubernamentales como acciones que faciliten la interrelación estrecha de la población con su gobierno, principalmente local, reconociendo la significación de la educación ambiental para el desarrollo de las políticas públicas y cómo estas políticas pueden contribuir también a su fomento.
En correspondencia con esta concepción, en Cuba la educación ambiental se declara como uno de los instrumentos de gestión de la política ambiental, siendo analizada en la Ley 81 de Medioambiente, como proceso continuo y permanente de aprendizaje; una dimensión de la educación de todos los ciudadanos " para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible" (Asamblea Nacional del Poder Popular, 1997, p. 7).
Al profundizar en la educación ambiental, Márquez et al. (2021) refieren que los problemas ambientales son el objeto de estudio de la educación ambiental y sus objetivos se dirigen a concientizar y a capacitar para, de conjunto con los distintos actores sociales involucrados en dichos problemas, formular, implementar y evaluar las soluciones aplicadas, teniendo en cuenta de manera significativa el fomento o fortalecimiento de valores y actitudes que son esenciales para revertir la situación ambiental existente en un determinado contexto y contribuir en este sentido en una adecuada gestión ambiental local.
Por su parte, la gestión ambiental es definida en la Ley 81 de Medioambiente de Cuba, en los siguientes términos:
Conjunto de actividades, mecanismos, acciones e instrumentos, dirigidos a garantizar la administración y uso racional de los recursos naturales mediante la conservación, mejoramiento, rehabilitación y monitoreo del medioambiente y el control de la actividad del hombre en esta esfera. La gestión ambiental aplica la política ambiental establecida mediante un enfoque multidisciplinario, teniendo en cuenta el acervo cultural, la experiencia nacional acumulada y la participación ciudadana (Asamblea Nacional del Poder Popular, 1997, p. 7).
Atendiendo a esta definición y a los efectos de este trabajo, que su objeto es la formación ambiental del funcionario gubernamental del Poder Popular, se reconoce que en el concepto de gestión ambiental se integra la dimensión administrativa que tiene que ver con los procesos administrativos típicos como la planificación, coordinación, dirección y evaluación, y la dimensión ambiental relacionada con todas aquellas acciones que propician la protección del medioambiente, lo cual constituye el elemento que lo diferencia de otros tipos de gestión.
De ello, se deriva la idea de fundamentar el proceso de formación ambiental del funcionario gubernamental del Poder Popular, atendiendo a la dinámica de la gestión ambiental como actividad generalizadora, que, con la coordinación de la Delegación Territorial del Citma, la asesoría de la Universidad y en vínculo con el Consejo Popular como estructura de gestión para el desarrollo sobre la base de los problemas ambientales identificados, les permitirá incidir en el mejoramiento de las condiciones ambientales de las comunidades, tributando favorablemente al desarrollo local.
Para tales fines, se advierte las potencialidades de la educación ambiental comunitaria, tipo específico que se inserta en la educación ambiental no formal, como propuesta necesaria y efectiva para fomentar procesos participativos que faciliten la gestión de las políticas públicas con un enfoque ambiental. Todo lo cual significa el papel de la educación ambiental, en tanto instrumento clave de la gestión ambiental a favor del desarrollo local y, por consiguiente, la necesidad de preparar al funcionario gubernamental del Poder Popular para su desarrollo en la comunidad, de manera que se favorezca la implicación de la población en la toma de decisiones sobre las políticas, programas y proyectos que se encaminen al mejoramiento ambiental de sus ámbitos de vida.
En consecuencia, la gestión ambiental como actividad generalizadora del funcionario de gobierno del Poder Popular, orientada al desarrollo local, se define en los siguientes términos: proceso secuenciado de acciones y sus operaciones, sobre la base de los problemas ambientales locales y en vínculo con los actores locales claves de la comunidad: (gobierno local, instituciones, empresas, organizaciones políticas y sociales, líderes formales e informales ) a través de lo cual se significa la preparación de este profesional para gestionar procesos de educación ambiental que se dirigen a formar a la comunidad (sensibilizar y capacitar con vistas a asegurar la participación de la población en la transformación de su realidad), contribuyendo a asumir de manera participativa la gestión ambiental.
De ahí que, en la medida que el funcionario gubernamental del Poder Popular se forma para desarrollar procesos de educación ambiental participativos en la comunidad, contribuye a lograr una adecuada gestión ambiental, al promover la participación de los actores locales en las acciones de diagnóstico ambiental, planificación, implementación y evaluación, a fin de revertir la situación ambiental existente.
Se reconoce que las acciones (diagnosticar la situación ambiental, planificar, ejecutar y evaluar los resultados) se dinamizan por la educación ambiental como proceso transversal de la gestión ambiental, a través del cual se contribuye a formar capacidades en los actores locales claves, especialmente en la población, lo que favorece a la autogestión ambiental comunitaria. De esta manera, el funcionario gubernamental se convierte de educando a educador.
La gestión ambiental como actividad generalizadora concreta su desarrollo en la comunidad, en tanto es en la comunidad donde se integra el trabajo del gobierno local con las instituciones, empresas, organizaciones sociales y políticas, los que constituyen los objetos de trabajo del funcionario gubernamental del Poder Popular.
A la luz de estas consideraciones, se identifica la participación como un elemento esencial que debe caracterizar la formación ambiental del funcionario de gobierno del Poder Popular. Autores como Iglesias y Jiménez (2017) y Muñoz y Romero (2020) han abordado la centralidad de la participación en los procesos de desarrollo, para lo cual resulta imprescindible la formación de los funcionarios gubernamentales del Poder Popular. Todo lo cual revaloriza el papel de la educación ambiental como instrumento de la gestión ambiental que contribuye a hacer efectiva la participación ciudadana en la construcción de la Estrategia de Desarrollo Municipal, sus políticas, programas y proyectos, logrando avanzar con ello en la integración de las consideraciones ambientales en todas las políticas públicas locales.
A tono con ello, también es significativo el papel clave de la cultura en su sentido más amplio e integral, entendiéndose no solo como acumulado de conocimientos o expresiones artísticas literarias, sino como comportamientos, valores, maneras de pensar, de hacer y de ser que caracterizan a los distintos individuos, grupos humanos, comunidades y, por ende, elemento esencial también a tener en cuenta en cada acción que se proyecte para el mejoramiento ambiental.
Los referentes abordados en este trabajo permiten conceptualizar la formación ambiental del funcionario gubernamental del Poder Popular en los siguientes términos: proceso con carácter transversal, enfocado a garantizar la articulación de saberes en el orden cognitivo, procedimental y actitudinal para la gestión ambiental en función del desarrollo local, reconociéndose a la educación ambiental como un proceso transversal que le permite formar a la comunidad, lo que contribuirá asumir de manera participativa la gestión ambiental y en el modo de actuar de dichos profesionales con respecto al medioambiente.
En resumen, desde estos referentes que significan la dimensión ambiental como un eje transversal en la gestión del desarrollo local, se justifica la necesidad de contribuir en el perfeccionamiento de la formación ambiental del funcionario gubernamental del Poder Popular, como elemento imprescindible en todo el proceso de integración y cambio ambiental en las administraciones públicas y así poder progresar hacia la sostenibilidad.
A partir del estudio teórico realizado, se defiende la idea de potenciar la formación ambiental del funcionario gubernamental del Poder Popular, orientada a garantizar su preparación para el desarrollo de procesos de educación ambiental participativos en las comunidades que promuevan la participación de los actores locales claves, especialmente de la población en el mejoramiento de sus condiciones ambientales, favoreciendo una efectiva gestión ambiental en el territorio, a la vez que posibiliten avanzar en la formulación e implementación de políticas públicas más sostenibles.
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Conflicto de intereses:
Los autores declaran no tener conflictos de intereses.
Contribución de los autores:
Luis Humberto Márquez Delgado y Dora Lilia Márquez Delgado diseñaron el estudio.
Luis Humberto Márquez Delgado elaboró el borrador (primera versión).
Luis Humberto Márquez Delgado, Dora Lilia Márquez Delgado y Niurka Castillo Rocubert estuvieron implicados en la recogida, el análisis e interpretación de los datos.
Todos los autores revisaron la redacción del manuscrito y aprueban la versión finalmente remitida.