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La política hacia el sector cooperativo en Cuba a partir de 1959 hasta la actualidad
The policy regarding cooperative sector in Cuba since 1959 until now
Revista de Cooperativismo y Desarrollo
Año 2016, Volumen 4, número 1
Claudia María Caballero Reyes
Licenciada en Psicología. Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Calle San Rafael esquina Mazón, La Habana. Correo electrónico: ccaballero@psico.uh.cu
RESUMEN
La política hacia el sector cooperativo desarrollada por el país desde el triunfo de la Revolución hasta la actualidad ha estado encaminada al desarrollo integral. Bajo esta premisa los distintos objetivos se enlazan y armonizan en ella, conjugando la solución de problemáticas sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales. En este trabajo se propone una sistematización de dicha política a partir de los distintos períodos por los que ha transitado desde 1959 hasta la actualidad. En cada uno de ellos se ha producido el surgimiento de un tipo de cooperativa al tiempo que se mantienen las formas anteriores ya creadas: las Cooperativas de Créditos y Servicios, las Cooperativas de Producción Agropecuaria, las Unidades Básicas de Producción Agropecuaria y las Cooperativas no Agropecuarias. Estos avances han estado acompañados de otras particularidades que matizan cada momento y a las cuales también se presta atención, tales como los factores contextuales y las consecuencias sociales de las acciones emprendidas en cada momento.
Palabras clave: cooperativismo, política, factores sociales.
ABSTRACT
The policy regarding cooperative sector developed by the country since the triumph of Cuban revolution up to now has been focused on integral development. According to this point of view the goals are linked, combining the solutions of social, economic, environmental and cultural problems. This paper proposes a systematization of that policy focused on the different periods that it has gone through since 1959 until now. In each one has been arise a cooperative form, maintaining the previous forms: The Credit and Service Cooperatives, the Agricultural Production Cooperatives (CPA), the Basic Units of Agricultural Production and the Non-Agricultural Cooperatives. This progresses have been accompanied whit other distinct features that tinge each period y and up t which attention is granted, like contextual factors and social consequences of the actions set up in each period.
Key words: cooperativism, policy, social factors.
INTRODUCCIÓN
La temática de las políticas públicas abarca un vastísimo cuerpo de conocimientos construido desde los espacios teóricos y prácticos, por profesionales de las ciencias, tomadores de decisiones, ejecutores y ciudadanos. Todos, desde sus roles y áreas de actuación, han colaborado en la búsqueda de respuestas a las múltiples interrogantes que se erigen en torno al tema: ¿Qué es la política? ¿Qué delimitaciones establecen las distintas formas en que manifiesta: política económica, cultural, educativa, social, ambiental, de salud, ¿etc.? ¿Cuáles son sus impactos en los diversos ámbitos de la vida social? ¿Quiénes se ven implicados en ella, en calidad de decisores, ejecutores y beneficiarios? ¿Cómo se interrelacionan con los condicionantes socio-históricos de la época en que se ponen en marcha?
La complejidad para definir las políticas públicas es un atisbo de la amplitud de su radio de acción y la profundad que conlleva su abordaje. Únicamente sobre estas disquisiciones etimológicas y filosóficas se identifica una enjundiosa obra. Los esfuerzos dedicados al análisis y sistematización de sus espacios de aplicación en las diversas esferas de la vida social, a los distintos niveles (mundial, nacional, territorial o local), en los sucesivos períodos de la historia, constituyen otro marco de análisis al cual han sido dedicados numerosos esfuerzos.
El centro de atención de este trabajo recae en la sistematización de una política particular: el tratamiento del cooperativismo; desarrollada en un territorio específico: Cuba; durante un período de tiempo determinado: a partir del triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959. No obstante, resulta obvio que para lograr este objetivo es necesario establecer las conexiones entre el fenómeno planteado y los elementos que sostienen su explicación científica1, lo que regresa a la necesidad de tomar en cuenta el amplio cuerpo de conocimientos existente sobre el tema de las políticas. Para armonizar el objetivo con los requerimientos para su consecución, se hará un recorrido por las distintas fases que ha tenido la política a estudiar, haciendo referencia en cada caso a los factores contextuales2 y las consecuencias sociales de las acciones emprendidas en cada momento, de modo que se conjugue la descripción de la política con el análisis científico de la misma.
Mediante la lógica planteada, el trabajo presenta cuatro sub epígrafes, correspondientes a los cuatro momentos en la historia del cooperativismo en Cuba que han constituido momentos de impulso y/o puntos de giro. En cada uno de ellos se ha producido el surgimiento de un tipo de cooperativa y ha estado acompañado de otras particularidades que matizan cada momento, las cuales serán descritas durante el desarrollo del trabajo. El primero de los momentos se presenta de 1959 a 1974, definido por una pionera aproximación al sector cooperativo mediante el breve tiempo de vida de las Cooperativas Cañeras y la formación de las Sociedades Agropecuarias y las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS). El segundo momento se establece de 1975 a 1992, caracterizado por una estimulación del sector cooperativo, mediante la creación de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA). Un tercer momento se identifica de 1993 a 2010, reconocido por el establecimiento de las Unidades Básicas de Producción Agropecuaria (UBPC) como alternativa ante la crisis que vivía el país. Y un cuarto momento se concibe a partir del 2011, cuando los Lineamientos para la política económica y social aprobados por el Partido Comunista de Cuba (PCC) señalan la necesidad de formación de Cooperativas no Agropecuarias.
Los diferentes momentos en la historia del cooperativismo que se abordarán a continuación muestran el papel del Estado en la organización y potenciación de dicho sector; al mismo tiempo que hacen ver los retos que imponen las nuevas trasformaciones de la vida actual para el desarrollo del cooperativismo.
DESARROLLO
Antes de entrar de lleno en los períodos identificados de la política hacia el cooperativismo llevada a cabo en Cuba a partir de 1959 y hasta la fecha, resulta necesario precisar dos cuestiones esenciales.
En primer lugar, es pertinente clarificar que el objeto de análisis es efectivamente una política, lo cual remonta al concepto de la misma. A sabiendas de la complejidad de esta noción, que ya se argumentaba al inicio, resulta indispensable declarar un marco de referencia que oriente las reflexiones posteriores. Se suscribe la conceptualización aportada por Pereira (s/f) que define la política como «aquella que se refiere a programas de acción a través de esfuerzos organizados. Se dirige a atender necesidades sociales. Su solución traspasa la iniciativa privada e individual. Requiere decisión colectiva reglamentada y leyes impersonales y objetivas que garantizan derecho».
En correspondencia con esta conceptualización, la política hacia el sector cooperativo resulta tal, en tanto ha implicado una serie de acciones que se organizan para alcanzar objetivos específicos relacionados con la cooperativa; estas han sido establecidas, implementadas y controladas por el Estado; se apoyan en mecanismos jurídicos para hacerse cumplir; responden a necesidades sociales vinculadas al trabajo; y garantizan los derechos a un trabajo decente.
En segundo lugar, aparece la interrogante del tipo de política que esta constituye. Por una parte, pudiera argumentarse que consiste en una política económica, pues ciertas acciones que se han implementado han estado influenciadas por las necesidades económicas del país. Sin embargo, dichas razones explican solo parcialmente las decisiones y acciones desarrolladas. Por otra parte, pudiera defenderse que resulta una política social, en tanto afianza el derecho al trabajo decente, y, por tanto, la asistencia en la satisfacción de una de las necesidades fundamentales que influye en el bienestar humano. También se aprecian intereses ambientales, pues las formas de explotación de la tierra han estado en función de los avances tecnológicos y de la relación entre estos y el desarrollo sostenible. La dificultad que se presenta para calificar la política objeto de análisis revela una vez más la complejidad del tema que se exponía desde el principio. Al mismo tiempo, es la expresión más clara de que la política seguida por el país desde el triunfo de la Revolución ha estado encaminada al desarrollo integral, de modo que los distintos objetivos se enlazan y armonizan en ella, conjugando la solución de problemáticas, sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales.
Primer período (1959-1974)
La situación económica, política y social heredada en Cuba al triunfo de la Revolución era en extremo compleja. La economía nacional presentaba una deformación estructural muy profunda. El sector agrario ocupaba una posición relevante, pero mostraba grandes problemas debido al latifundio (concentración de grandes extensiones de tierra en manos de un reducido número de propietarios), con su secuela del minifundio (gran cantidad de fincas agrícolas en áreas reducidas) (Rivera, Labrador y Alfonso, 2006). Esto también tenía hondas implicaciones en el ámbito social. Existía una gran masa de proletariado agrícola que al no tener tierras propias debía vender su fuerza de trabajo y era fuertemente explotado. La precaria situación de esta clase que era mayoría en el agro cubano se amplificaba por el carácter temporal del trabajo, cuyo período estaba determinado básicamente por la zafra azucarera (Rodríguez, 1983). Se evidenciaba un atraso económico y social que se convertía en un obstáculo insalvable para el progreso económico y el bienestar del campesinado cubano.
El escenario descrito demandaba un cambio urgente en favor de la de la propiedad social, de una mayor participación y control por parte del pueblo en el manejo de los recursos económicos. Esto conllevó a la promulgación el 17 de mayo de 1959 de la Primera Ley de Reforma Agraria, mediante la cual se entregaba la propiedad de la tierra a los que la trabajaban y eliminaba los latifundios que permanecían en manos de la oligarquía nacional y los propietarios extranjeros, al limitar las extensiones de la tierra a 30 caballerías (Jiménez, 2006). Todo lo cual redundó en posibilidades para transformar favorablemente las condiciones de vida de los campesinos.
En este momento el cooperativismo aun no se había identificado como una vía efectiva para el desarrollo. Prevalecía la mentalidad de la superioridad de la empresa estatal. Esto estaba reforzado por la falta de una cultura cooperativa, que no había sido inculcada en las etapas anteriores, tal como plantean Hernández y Arteaga (2013, p. 30): «las carencias legales y reales no posibilitaron la socialización durante el período pre-revolucionario de una cultura cooperativa, ni el desarrollo doctrinal o práctico que las afianzara. Tal escenario fue resultado del status de dependencia económico y social, de la influencia cultural y del destino geopolítico a que estaba sometida Cuba, primero como colonia de España y luego como neo-colonia de Estados Unidos».
No obstante, el líder de la Revolución ya visualizaba algunas posibles ventajas de la cooperativización, al plantear en la clausura del I Congreso Campesino en febrero de 1959: «Para mantener el consumo, para mantener la riqueza, para hacer la Reforma Agraria, no es posible repartir la tierra en un millón de pedacitos (...) deben instalarse cooperativas en los lugares que sean propicios a este tipo de producción y hacerse un cultivo planificado de los terrenos» (Castro, 1959, p. 3).
Las condiciones expuestas sientan las bases para el posterior desarrollo de la política en torno al cooperativismo: por un lado algunas ideas en ciernes de los posibles provechos que este puede aportar, y por otro el hecho concreto de la entrega de las tierras a los campesinos, pues sin estas posesiones individuales no hubiese sido posible la posterior unión colectiva, como esclarece Jiménez (2006, p. 17): «[los orígenes del cooperativismo en Cuba] se basan en la democratización respecto a la propiedad de la tierra determinada por sucesivas leyes de reforma agraria, ya que el cooperativismo sólo puede existir como asociación de propietarios o usufructuarios libres. Por ello, resultaba imposible en Cuba antes de 1959, dada la alta concentración de la propiedad de la tierra y el predominio del latifundio».
En este contexto de cambios trascendentales para el sector agropecuario surgieron algunas experiencias pioneras de cooperación en el sector agropecuario. Una de ellas fue la creación de las Cooperativas Cañeras en 1960, en tierras de antiguos latifundios dedicados al cultivo de la caña de azúcar que habían pasado a propiedad estatal. En ellas el Estado poseía el derecho de la propiedad sobre la tierra, y los medios de producción (Nova, 2006). Sus integrantes eran obreros agrícolas, constituyendo una forma de administración obrera del usufructo de tierra. Carecían de fondo para el desarrollo generado a partir de sus utilidades, lo que motivaba su dependencia total con el Estado. El gobierno, único comprador de la producción resultante, facilitaba el crédito a través del Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba (BANFAIC), para que pudieran operar y se garantizaran los planes previamente orientados por el Estado (Nova, 2004).
Estas primeras Cooperativas Cañeras tuvieron un corto período de existencia. Desde mediados de 1962 se consideró que habían agotado sus posibilidades de desarrollo, debido a la poca experiencia en este tipo de organización productiva, la falta de experticia de sus directivos y la no aplicación de la experiencia administrativa acumulada en la etapa previa a la Revolución. Se produjo un gran descontrol de los recursos económicos financieros y en consecuencia un alto endeudamiento para la mayoría de ellas, por lo que fueron transformadas en Granjas Estatales del Pueblo (Jiménez, 2008).
Otra experiencia inicial fue la creación de las Sociedades Agropecuarias en 1962, las cuales se constituyeron sobre la base de la voluntariedad de los campesinos de unir sus tierras, equipos y animales de labor, para de manera colectiva hacer uso de la tierra y repartir los ingresos. Años más tarde fueron unidas a las CCS (Jiménez, 2006).
Estas formas fueron transitorias y carentes de marcos regulatorios precisos. A pesar de esto, el valor esencial que portaron fue la acumulación de una experiencia y aprendizajes en cuanto a los modos de organización y control, el inicio de una paulatina formación de la cultura cooperativa y el antecedente de otras formas posteriores.3
La primera experiencia sólida de cooperativismo en Cuba consistió en la formación de las Cooperativas de Créditos y Servicios en 1961, las cuales continúan en funcionamiento hasta el momento. A causa de la desaparición de ciertas instituciones bancarias que otorgaban créditos a los campesinos como el BANFAIC y la compañía norteamericana Cuban Island, los tabacaleros de la provincia de Pinar del Río necesitaban otro mecanismo que le proporcionara continuidad al proceso de obtención de créditos. En estas circunstancias se crean las CCS -las cuales luego se extienden a las otras provincias del país-, para coordinar la distribución de insumos para sus producciones agrícolas, recursos materiales y recibir centralizadamente los créditos (Hernández y Arteaga, 2013).
A pesar de ser considerada la forma más débil de cooperativismo debido a que los miembros mantienen la propiedad individual sobre la tierra, y sin un marco legal regulatorio durante los primeros años de funcionamiento, esta forma resultó ser efectiva, pues ha sido económicamente eficiente y favoreció el desarrollo de la cultura cooperativa con su accionar de manera estable en el tiempo. Su surgimiento clarificó lo que ya desde la breve experiencia de las Cooperativas Cañeras se vislumbraba: el gradual interés del Estado por explorar las potencialidades del sector cooperativo y los paulatinos esfuerzos por encaminar las políticas en favor del mismo.
Segundo período (1974-1992)
Al celebrarse en 1974 el XV Aniversario de la promulgación de la Primera Ley de Reforma Agraria, se evidenció la necesidad de buscar formas superiores de producción agrícola que unificaran a los campesinos, es decir, nuevas formas colectivas de producción -sin deslegitimar las existentes CCS-. De este modo el Estado apoyaba y desarrollaba el movimiento cooperativista. Esta cuestión fue recogida en la elaboración de la «Tesis Agraria», la cual se discutió y aprobó en la celebración del I Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1975. En cumplimiento de los acuerdos allí tomados, el V Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en 1975, propició un impulso a la creación voluntaria y organización de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), las cuales aún continúan funcionando. (Nova, 2004).
Las CPA desde su conformación se basaron en la unión de las tierras y restantes medios de producción por parte de los campesinos que decidieron bajo el principio de la voluntariedad organizar e integrar la cooperativa. Estos aportadores vendieron dichos medios a la cooperativa, recibieron el pago por los mismos y pasaron a ser propietarios colectivos. De esta manera se socializa la producción y se enfatiza la responsabilidad social de la entidad conformada (Hernández y Arteaga, 2013).
En la década de los 80 ocurrió otra experiencia muy interesante, aunque de poca duración.
En nueve municipios del país se crearon la Uniones Municipales de Cooperativas (UMCA), cuyo objeto social fue la prestación de servicios a las CCS y CPA. Funcionó como una especie de cooperativa de segundo grado que intermediaba con las empresas estatales en el ámbito de la logística, la comercialización y la facilitación de la gestión de las cooperativas de base (Hernández y Arteaga, 2013).
El gran impulso al sector cooperativo en este período favoreció el desarrollo legal del mismo mediante su presencia en fuentes constitucional (Artículos 15, 17 y 20 de la Constitución de la República de 1976) y legislativa (Ley No. 36 de 1982, Ley de Cooperativas Agropecuarias; Ley No. 59 de 1987, Código Civil, para las cooperativas no agropecuarias).
El despliegue del marco jurídico cooperativo contribuyó grandemente a lograr claridad y definición en cuanto a los objetivos, principios y reglas a cumplir y evidenció, ahora sin lugar a dudas, la política que el Estado establecía hacia ese sector.
Para el cooperativismo de manera general el hecho legal de circunscribir la creación de cooperativas únicamente al sector agropecuario, resultó una limitación en el sentido del no aprovechamiento de las ventajas que esta forma ofrece para el desarrollo económico y de la cultura de la colectividad en otros sectores de la vida social4 (Galeano, 2012). A pesar de lo anterior, el desarrollo de un marco legal, junto al surgimiento de una nueva modalidad cooperativa (la CPA), estimuló grandemente el movimiento cooperativista en la agricultura cubana. La creación de esta nueva forma, supuso un desarrollo superior en este sector por asemejarse mucho más al modelo típico de cooperativa, en el que se enaltece el papel de la propiedad colectiva y la responsabilidad social. Igualmente, la breve experiencia de la cooperativa de segundo grado valió como ejemplo de mayores alcances a los cuales es posible aspirar en el marco del trabajo cooperado.
Tercer período (1993-2010)
La crisis económica por la que atravesaba el país en 1993, considerada uno de los momentos más difíciles dentro del desarrollo de la economía cubana, se vio más agudizada en el sector agrario. Este «sufrió una brusca contracción de sus actividades como consecuencia de un masivo desabastecimiento de energéticos, insumos tecnológicos, repuestos, alimentos, etc. Los efectos inmediatos de esta situación fueron la disminución del producto exportable, un descenso de la disponibilidad de alimentos para la población, una fuerte regresión tecnológica y una acelerada descapitalización» (Valdés, 1997, p. 100). Una de las estrategias adoptadas por parte del Estado para enfrentar las nuevas circunstancias fue la creación de otra modalidad de cooperativismo: las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), las cuales continúan en funcionamiento hasta el momento.
Estas surgieron a partir del fraccionamiento estructural de la gran propiedad agrícola estatal, con el objetivo de transitar hacia una agricultura más intensiva, que condujera al logro de niveles de eficiencia superiores. El apresurado proceso, suscitado por las imposiciones de la crisis, se realizó a partir de la venta de los medios de producción a los nuevos cooperativistas, excepto la tierra, que fue entregada en condiciones de usufructo por tiempo no definido (Nova, 2008). Las UBPC se dividieron en dos grandes grupos: las que se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar y las dedicadas a otros cultivos y a la actividad pecuaria, atendidos respectivamente por el Ministerio de la Industria Azucarera (MINAZ) y el Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) (Jiménez, 2008).
Con la experiencia anterior acerca de la importancia que tiene contar con un marco legal, se promulgó para la formación de estas entidades el Decreto Ley No. 142 de 1993 y las Resoluciones Reglamentarias No. 354/93 y No. 688/97 de los Ministros de la Agricultura y del Azúcar (Pérez y Echevarría, 2006).
Un poco más adelante en este mismo período, como otro modo de reforzar el sector cooperativo, se implementa la Resolución No. 768 de 1998 del MINAG, que promueve el fortalecimiento de las CCS mediante la autorización de entrega de tierras a dichas entidades para la obtención de determinados cultivos o producciones, y donde las ventas sobre estos ingresarían a los fondos colectivos de las mismas (Jiménez, y Figueroa, 2013). También forman parte de los avances legales producidos en el período: el establecimiento de la Ley de Cooperativas de Producción Agropecuarias y de Créditos y Servicios No. 95 de 2002, que derogó la Ley No. 36/82 y el Acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros del 17 de mayo del 2005, que aprueba los Reglamentos Generales de las Cooperativas de Producción Agropecuaria y de las Cooperativas de Créditos y Servicios (Hernández y Arteaga, 2013).
Los esfuerzos destinados a paliar la crisis mediante la conformación de las UBPC no tuvieron todos los efectos deseados. Se aprecian una serie de limitaciones relacionadas con:
- La premura con que fueron creadas, sin lograr que se madurara la idea y se establecieran todas las condiciones necesarias: «se ha señalado reiteradamente que la creación de las UBPC fue un proceso abrupto por el cual los obreros agrícolas se convirtieron de la noche a la mañana en propietarios colectivos (cooperativistas)» (Nova, 2008, p. 81).
- Las disposiciones económicas con que se organizaron, pues se considera que les fue vendida una dotación inicial para comenzar sus actividades que se encontraba económicamente sobrevalorada (Hernández y Arteaga, 2013). Y en consecuencia, tuvieron que asumir una importante deuda por la adquisición de los medios de producción (aunque en la práctica este se fue prolongando y algunas deudas fueron canceladas) (Nova, 2008).
- Inconsistencias en la concepción de cooperativismo que las sustentaba, debido a que surgieron como una idea gestada y nacida desde la nación, no desde la demanda de quienes las conformaron y no asumieron como premisas para su constitución el cumplimiento de algunos principios básicos del cooperativismo que implicaban la gestión democrática y la formación constante. En cambio, se produjeron escasos programas de superación y capacitación para los cooperativistas; se manifestó poco conocimiento de los temas sobre administración y economía por parte de los administradores de las unidades productoras; hubo en muchos casos una ausencia de métodos y estilos de trabajo que motiven la permanencia, identificación y arraigo a la cooperativa; y se evidenció poca participación de los miembros de la UBPC en la toma de decisiones (Jiménez, 2008).
- Igualmente se hizo presente la falta de autonomía necesaria para funcionar, la cual constituye otro de los principales rasgos del movimiento cooperativo. Esta dependencia de las empresas a las que se subordinan se hizo evidente en tanto: se mantuvo intacta la estructura de las empresas originarias y fueron subordinadas a su control; le fue designado el surtido, la cantidad y el destino de lo que debían producir, pues la empresa que agrupa a las UBPC es la que orienta, determina y centraliza las decisiones5; se asignaron los recursos de modo centralizado, lo que implica que no existe un mercado de insumos ni de equipamiento al que el productor pueda acudir. En conclusión, se presenta una fuerte centralización en la toma de decisiones por parte de las empresas y se deja poco espacio al ejercicio de la autonomía de gestión (Pérez y Echevarría, 2006). Esta situación ha hecho que muchas de ellas no generen rentabilidad, lo cual les impide distribuir utilidades y las convierte, por lo tanto, en instituciones poco estimulantes (Nova, 2008, p. 83).
Las carencias y limitaciones descritas, que se contraponen en ciertos puntos con esencias del cooperativismo, hacen que las UBPC sean consideradas como una organización que se encuentra a medio camino entre una empresa estatal y una cooperativa (Figueroa, 1997)6.
A pesar de las limitaciones que estas cooperativas han tenido desde su surgimiento, no todas las UBPC han mostrado un comportamiento económico desfavorable y algunas de ellas han logrado convertirse en verdaderas y eficientes cooperativas. La creación de las UBPC, como parte de la política hacia el sector cooperativo en un momento de crisis, junto al resto del proceso de reestructuración del sector agropecuario, representó una importante transformación de la agricultura cubana, al punto de ser considerada una Tercera Reforma Agraria, es decir, una nueva etapa de transformaciones en la sociedad rural cubana (Valdés, 1997). Su articulación con la CPA y las CCS, modificó las relaciones de producción del sector agrícola, hasta entonces sustentadas básicamente en la sobredimensionada empresa estatal. Terminó de definir el cooperativismo como la principal línea de desarrollo en la producción agrícola y ganadera, y forma organizativa predominante en el agro cubano (Hernández y Arteaga, 2013).
Por otra parte, los esfuerzos encaminados al fortalecimiento de las CCS y el establecimiento de nuevas normativas en torno a ellas y las CPA fueron favorablemente recibidos, en tanto contribuyeron al mejoramiento de los procesos organizativos y productivos y repercutieron en la búsqueda de condiciones favorables para ese sector.
Cuarto período (2011 en adelante)
Durante los últimos 4 años el sector cooperativo se ha visto revitalizado a partir de la aprobación de los Lineamientos de la Política Económica y Social en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. Dentro de ellos, los Acuerdos del 25 al 29 fijan la necesidad de potenciar el cooperativismo existente y ampliar su espectro hacia otros sectores de la economía nacional. Otros 25 lineamientos también se refieren directa o indirectamente al sector cooperativo.
Para hacer efectivos dichos lineamientos se promulga un conjunto de normas con carácter experimental que regulan por primera vez las Cooperativas no Agropecuarias. Se establece el Decreto Ley No. 305/12, que reglamenta la constitución, funcionamiento y extinción de las dichas cooperativas; el Decreto Ley 306/12 relativo al régimen especial de seguridad social de los socios de sus miembros; el Decreto 309 del Consejo de Ministros que establece el Reglamento de las Cooperativas no Agropecuarias de Primer Grado; la Resolución No. 570/12 del Ministerio de Economía y Planificación que regula el procedimiento de licitación de bienes de un establecimiento estatal para su gestión por las cooperativas y la Resolución No. 427/12 del Ministerio de Finanzas y Precios relativa a los tributos que les corresponden a ellas (Puyo, 2014).
En estos últimos, años también se han tomado medidas para favorecer otras formas cooperativas creadas con anterioridad. Por una parte, a finales del 2012 el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros aprobó 17 medidas para resolver el problema de la autonomía en las UBPC, donde se ratifica el carácter cooperativo de estas. Por otra parte, en el año 2012 se promulgó el Decreto Ley No. 300, y luego el No. 311, que se sustituyeron, al Decreto Ley No. 259, encaminados a autorizar la entrega en usufructo de tierras estatales que estaban ociosas, tanto a personas naturales (individuos y familias) como a personas jurídicas (granjas, cooperativas y entidades) (Hernández y Arteaga, 2013).
A pesar de lo anterior se evidencian limitaciones en la legislación vigente que afectan el desarrollo cooperativo. Desde etapas anteriores se arrastran dificultades en cuanto a la falta de integración en un cuerpo legal unificado de todas las disposiciones relativas al cooperativismo; con el problema subyacente de que dichas normativas han sido establecidas en diferentes momentos socio-históricos, atendiendo a los constreñimientos particulares de cada período, y por consiguiente algunas de ellas ya no son consonantes con el contexto actual. Dicha situación se hace más evidente en el presente, momento en que la renovación y el desarrollo del sector demanda la ampliación y transformación del cuerpo legal existente. En consecuencia, a las limitaciones ya existentes en cuanto a la presencia de vacíos legales, de obstáculos indirectos establecidos por otras normativas y de contradicciones entre algunas normativas, se le suman nuevas dificultades, relacionadas con:
- La falta de claridad en la exposición de la esencia del fenómeno cooperativo: la definición de cooperativas presente en los lineamientos, y que por tanto guía el trabajo actual sobre esta cuestión, resulta incompleta, pues no se preponderan los elementos esenciales que la definen como tal: la unión voluntaria de personas para satisfacer sus necesidades mediante el trabajo en un proyecto conjunto, y la priorización del bienestar de sus miembros y de la comunidad. En cambio, solo se hace referencia a la cuestión de la propiedad colectiva, que constituye otro aspecto relevante pero no es el único imprescindible (Galeano, 2012). El riesgo aparece en la posible interpretación del elemento mencionado como el único o más importante, frenando los esfuerzos de potenciar la cultura cooperativa que implica en primer lugar el conocimiento de las esencias del fenómeno completa y no parcialmente.
- Las dificultades para los trámites y la aprobación de las nuevas cooperativas: la fase de constitución de las Cooperativas no Agropecuarias resulta «demasiado larga, complicada y supeditada a la voluntad administrativa» (Puyo, 2014, p. 183). Los trámites se muestran de manera diferenciada en dependencia de si las aportaciones son hechas por los propios socios o si la cooperativa va a utilizar medios de producción del patrimonio estatal. Solo el primer paso para llegar a la constitución, concerniente a la solicitud de autorización, resulta más largo cuando las aportaciones son hechas por los propios socios, en tanto la solicitud debe pasar por cinco instancias (el Poder Popular Municipal, el Provincial, el Ministerio, la Comisión Permanente y el Consejo de Ministros); mientras que cuando se trata de utilizar bienes pertenecientes al Estado pasa directamente a la Comisión Permanente (Puyo, 2014).
La polémica suscitada por algunos aspectos de la legislación expresa la necesidad de promulgar la Ley General de Cooperativas y su Reglamento General como fuentes legal y regulatoria específicas sobre cooperativas, que contribuya a resolver insuficiencias legales actuales. El trabajo que se está realizando en esta dirección, eje central de la política hacia el cooperativismo en estos momentos, resulta un gran paso de avance por las implicaciones ya comentadas que tiene a nivel organizativo. Igualmente, su impacto social y económico será favorable pues expresa la voluntad del país de continuar ampliando este sector a otras esferas de la economía y avanzar hacia formas superiores de la organización cooperativa, como son las cooperativas de segundo grado.
Otros elementos legales valorados positivamente en esta etapa han sido el Decreto Ley 311 y las 17 medidas sobre las UBPC aprobadas por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros7. El primero porque la entrega de tierras al sector cooperativo que ha ocurrido en los últimos años ha sido un importante impulsor de su desarrollo como la modalidad empresarial más importante y dominante en la agricultura cubana. El segundo porque aun cuando muchos consideren que las 17 medidas resultan insuficientes, promueven dos aspectos muy positivos: por un lado, reconocen que las UBPC estaban limitadas y por otro son medidas propositivas en búsqueda de soluciones a los problemas económicos y financieros (Hernández y Arteaga, 2013).
Por último, la decisión de ampliar el sector cooperativo fuera de los márgenes agropecuarios extiende las potencialidades que ofrece esta forma de gestión. Para ello son favorables las estrategias de fomento esta clase de cooperativas que ha puesto en práctica el Estado8, así como la intención de establecer programas de capacitación en torno al tema específico de la gestión de cooperativas, y de este modo fortalecer la cultura cooperativa y subsanar errores del pasado. Todo ello facilita a la población la posibilidad de organizar su trabajo en forma de cooperativas, con los consiguientes beneficios para la sociedad y para el colectivo particular que se conforma. También permite que pequeñas entidades estatales pasen a la forma cooperativa, con lo que se espera una mayor productividad en las mismas (Puyo, 2014).
En resumen, los impulsos al sector cooperativo en estos últimos años apuntan a un mayor protagonismo y amplitud de estas formas de gestión en diferentes espacios de la sociedad cubana. De estos cambios se espera un crecimiento inclusivo, que tribute al desarrollo próspero y sustentable.
CONCLUSIONES
Durante los primeros años de la Revolución predominó la forma estatal de propiedad en el modelo agrícola, y la forma cooperativa quedó relegada a un segundo plano debido a la consideración de la primera como una forma superior y a la ausencia de una cultura cooperativa, que no había sido inculcada en etapas anteriores. A pesar de esto, desde el principio se visualizaban algunas posibles ventajas que ofrece dicho modo de gestión y se hicieron algunas breves incursiones.
La primera experiencia sólida de cooperativismo que da cuentas del desarrollo de una política hacia ese sector, se produjo con la creación de las CCS a principios de los ´60, ante la necesidad de los campesinos de obtener créditos para su producción. Estas, a pesar de ser consideradas la forma más débil de cooperativismo debido a que mantienen la propiedad individual de la tierra, han resultado ser eficientes a lo largo del tiempo. A partir de ese momento y hasta la actualidad, la política trazada ha contribuido a forjar una cultura del cooperativismo en el país.
A mediados de los 70 el sector cooperativo comienza a tomar mayor auge con la creación de las CPA, considerada una forma superior dentro del cooperativismo debido a la colectivización de la propiedad. En este momento la política se ve fortalecida por el consecuente establecimiento de normativas jurídicas, que, aunque de forma disgregada y restringida únicamente al sector agrario, sienta las bases legales de dichas instituciones y favorece el fomento de la cultura de esta forma de gestión.
Con la crisis de los 90 fue necesario una reestructuración del agro cubano, como parte de la cual se cooperativizaron las empresas estatales, formándose apresuradamente ante los imperativos del momento las UBPC. Lo abrupto del cambio unido a la insuficiente autonomía que se les dio, y otros errores cometidos trajeron como consecuencia que estas no alcanzaran los niveles de producción ni la rentabilidad necesarios. Años después la política respecto a ellas ha promovido acciones para su renovación, aunque en muchos casos no resultan suficientes para subsanar las dificultades del pasado.
A partir del 2011, con la aprobación de los Lineamientos para la Política Económica y Social, el cooperativismo ha dado un nuevo giro, al aprobarse la constitución de las Cooperativas no Agropecuarias. Este proceso, aún en período experimental, está siendo regido por una serie de documentos legales de carácter transitorio, mientras se elabora una necesaria Ley de Cooperativas, que permita unificar y armonizar las diferentes regulaciones emitidas a lo largo del tiempo. A pesar de las limitaciones legales aún presentes, la apertura del cooperativismo a nuevos sectores de la vida económica y social resulta un gran paso de avance en el aprovechamiento de las potencialidades que este ofrece para el desarrollo integral del país.
Los diferentes momentos en la historia de la política hacia el sector cooperativismo a partir del triunfo revolucionario muestran el papel del Estado en la organización y potenciación de dicho sector, bajo la premisa de conjugar en ella la solución de problemáticas sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales y de este modo tributar al desarrollo integral de país. El reto consiste ahora en tomar en cuenta las experiencias anteriores y avanzar sabiamente en esta nueva etapa.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Recibido: 09 de diciembre de 2015.
Aprobado: 22 de febrero de 2016.
Claudia María Caballero Reyes. Licenciada en Psicología. Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Calle San Rafael esquina Mazón, La Habana. Correo electrónico: ccaballero@psico.uh.cu